El Gobierno nacional avanza con el proyecto de exploración hidrocauburífera. El intendente se puso enfrente sin debate previo. Se necesita información clara y transparente. Y una discusión a la altura de las circunstancias.
Por Ramiro Melucci
Cuentan que en los debates de candidatos convocados por las escuelas antes de las últimas elecciones legislativas los alumnos solían indagar posturas sobre la exploración petrolera en el mar. Era habitual que los postulantes del intendente ensayaran acrobacias discursivas para eludir las definiciones categóricas y que algunos exponentes del Frente de Todos se manifestaran en contra.
Tenía su lógica. Los proyectos hidrocarburíferos venían con la huella del gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández todavía no había dado los pasos fundamentales que pareció dar con culpa en los últimos días de 2021 para autorizarlos.
Entre el brindis de Navidad y el de Año Nuevo los naipes volvieron a ser repartidos. Los que antes debían expresarse con cautela escucharon de un momento a otro la opinión contundente del jefe comunal contra explotación petrolera en el Mar Argentino y los que avalaban desde el silencio las posturas ambientalistas necesitaron salir a equilibrar el discurso para no desairar al Presidente.
Mientras en los hogares se pensaba en el menú del 31 a la noche y se lamentaban las bajas familiares por contagios de coronavirus y aislamientos, el Gobierno nacional autorizó la exploración de la Cuenca Argentina Norte, a poco más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.
Sin conferencia de prensa, información clara ni aviso a las autoridades locales, daba la sensación de que la administración de Alberto Fernández, en lugar de estar auspiciando un proyecto central para el desarrollo energético del país, jugaba a las escondidas para no decir con todas las letras lo que venía a impulsar. Solo los más consustanciados con el tema lograban decodificar que aquello que aparecía en el Boletín Oficial, llamado “proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114”, era en palabras llanas la habilitación del plan para que la empresa noruega Equinor, en sociedad con Shell e YPF, busquen petróleo cerca de Mar del Plata.
Faltó información transparente, un anuncio de cara a la sociedad, una detallada exposición de los beneficios y una explicación de los riesgos. Todo eso que la semana pasada el Gobierno procuró hacer a través de su jefe de Gabinete, sus ministros y la vocera presidencial debió haberlo intentado antes para aparecer más confiable.
Tan sorpresiva como la resolución oficial fue la reacción instantánea y por las redes sociales de Guillermo Montenegro. El intendente juzgó los peligros de la aventura petrolera con la velocidad de un especialista, probablemente con la certeza de que la opinión pública y dos de los sectores más representativos de Mar del Plata, la pesca y el turismo, comparten sus temores.
En medio de los errores de forma emergió un debate medioambiental acerca de si el plan de exploración offshore es una oportunidad o una amenaza para Mar del Plata. Es la gran incógnita que deben despejar los expertos, no los políticos.
Estaría sucediendo lo contrario. Cuando las marchas por el resguardo del medio ambiente se estaban gestando, Montenegro agitó el temor de un daño permanente para las costas de la ciudad. El gobernador Axel Kicillof le respondió la semana pasada desde Villa Gesell: aclaró que un derrame de petróleo es prácticamente imposible. El intendente anfitrión, Gustavo Barrera, fue uno de los que lo aplaudió. Volvió así a la práctica de uno de sus deportes preferidos: ubicarse en la vereda de enfrente de Montenegro.
Entre los errores de forma emergió un debate medioambiental acerca de si el plan de exploración offshore es una oportunidad o una amenaza para Mar del Plata. Es la gran incógnita que deben despejar los expertos, no los políticos.
El Gobierno nacional sostiene que el país está en una etapa de transición hacia las energías renovables que demandan todos los tratados internacionales. Pero considera que ese proceso todavía llevará tres décadas, en las que la Argentina seguirá necesitando gas y petróleo. Nadie se ha detenido a discutir, sin embargo, si una porción de los beneficios económicos que obtendría el país si hay petróleo donde se presume que podría haber pueden corresponderle a Mar del Plata. En cambio se ven expresiones altisonantes que no conducen a ningún diálogo.
Si se toma en cuenta de que se trata de un proyecto de largo aliento y que los gobiernos nacional, provincial y local son encabezados por hombres que tienen en sus planes seguir otros cuatro años ‒lo han dicho o insinuado en el último tramo del año pasado‒ todavía hay tiempo para reencauzar la discusión y otorgarle madurez.
Por lo pronto, el incipiente debate atraviesa a las dos grandes coaliciones políticas. Hay oficialistas locales que hubieran deseado una postura menos combativa del intendente y dirigentes enrolados en el Frente de Todos que critican por lo bajo la opacidad con que se manejó el Gobierno nacional.
Entre las excepciones pueden anotarse Angélica González, de la Coalición Cívica, que cuestionó el proyecto en sintonía con Montenegro mientras el radicalismo buscaba correrla de la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, y Sol de la Torre, del Frente de Todos, que, lejos de ocultar su enojo, arremetió contra la resolución del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y no dudó en retratarse entre los que se movilizaron para repudiar a las petroleras.
La batalla ambiental no merma las preocupaciones cotidianas. Con ómicron jaqueando más los planteles de trabajo que las terapias intensivas de los hospitales, Mar del Plata se hamaca para dar respuesta a la demanda de la temporada. La tercera ola estresa como nunca a los centros de testeos y vacunación, azuza la tensión política entre el municipio y los efectores nacionales y provinciales, cobijados por Fernanda Raverta, y obliga al gobierno local a no descuidar los servicios. El de recolección trastabilló en la semana por un brote de contagios y el de transporte comunica bajas que podrían anticipar controversias.
En el Concejo también la agenda empieza a cargarse. Entre el último mes del año y los primeros días de 2022 el Ejecutivo envió el presupuesto, las ordenanzas fiscal e impositiva, el proyecto para multar o arrestar a quienes ejerzan la prostitución fuera de las zonas permitidas, el nuevo convenio de las fotomultas –con la Universidad Nacional de San Martín– y la aplicación para denunciar infracciones de tránsito. En ese marco, los jefes de bloque terminaron de cerrar el viernes a la noche la integración de las comisiones internas, luego de casi un mes de negociaciones. Muy al filo del plazo razonable.